Seguridad privada en México: un sector crítico entre la legalidad y el riesgo

Contratar seguridad privada puede parecer una decisión operativa rutinaria, pero hacerlo con empresas irregulares representa hoy un riesgo legal, financiero y reputacional significativo. En México, hasta el 80% de las compañías de seguridad privada operan fuera de la ley, lo que afecta directamente a trabajadores, clientes y al entorno empresarial en general.

Según datos del sector, por cada empresa registrada formalmente, existen al menos cuatro que operan sin cumplir la normatividad vigente, incluyendo el registro ante el REPSE (Registro de Prestadoras de Servicios Especializados), licencias de la SSPC (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana), y obligaciones fiscales básicas. Esta informalidad no solo debilita al sector, sino que también lo convierte en un foco de vulnerabilidad social y jurídica.

“Al contratar empresas irregulares, los clientes adquieren una problemática operativa, administrativa, jurídica y financiera”, advirtió Ynbal Adda, gerente general de Elim Seguridad Privada Intramuros.

Multas de hasta 5 millones y trabajadores desprotegidos

De acuerdo con la Ley REPSE, las empresas que contraten servicios especializados irregulares pueden ser sancionadas con multas de hasta 5 millones de pesos. Además del daño económico, se suman los riesgos legales y de reputación que pueden derivar incluso en la pérdida de contratos clave o licencias comerciales.

Pero más allá del impacto para los clientes, la informalidad afecta de forma directa a los trabajadores del sector. Actualmente, 24.9% de los elementos de seguridad no cuentan con seguridad social, lo que significa que miles de personas laboran sin acceso a servicios médicos, aguinaldo, vacaciones ni garantías laborales mínimas. Este fenómeno contribuye al aumento de la percepción de inseguridad, que en el segundo trimestre de 2025 alcanzó un preocupante 63.2%, de acuerdo con cifras oficiales.

Un sector clave para la economía, en la mira de la legalidad

El sector de seguridad privada en México emplea a más de un millón de personas de forma directa, aporta 1.8% al PIB nacional y se posiciona entre los 10 principales empleadores del país. Su peso económico exige un marco legal firme que garantice profesionalismo, confianza y protección para todos los involucrados.

“El cumplimiento legal no debería ser una opción, sino una exigencia mínima al contratar servicios de seguridad. La legalidad es la única garantía real de una seguridad confiable”, concluyó Adda.

¿Cómo contratar seguridad privada de forma legal y segura?

Con el objetivo de orientar a empresas y organizaciones, Elim Seguridad Privada propone un decálogo básico para identificar proveedores confiables:

🔟 Decálogo para contratar seguridad privada de forma segura:

1. Verificar el registro ante la Dirección General de Seguridad Privada (SSPC).
2. Confirmar la inscripción en el REPSE.
3. Revisar licencias federales y estatales vigentes.
4. Solicitar CFDIs y evidencia de cumplimiento fiscal.
5. Preguntar por afiliaciones a cámaras o asociaciones del sector.
6. Corroborar que el personal cuente con seguridad social (IMSS o ISSSTE).
7. Exigir contratos por escrito, claros y detallados.
8. Evaluar el plan de capacitación del personal.
9. Verificar antecedentes legales o sanciones.
10. No contratar con base únicamente en el precio más bajo.